Los gobiernos regionales de Madrid y Castilla-La Mancha y la Agencia de Protección de Datos están investigando la cesión irregular de información protegida de pacientes por parte de dos hospitales públicos a clínicas privadas. El método utilizado por el hospital de Fuenlabrada y el Virgen de la Luz de Cuenca es el mismo: ambos dejaron los datos de las listas de espera en manos de clínicas privadas (nombre, apellidos, teléfono y prueba a realizar) para que fuesen estas las que citasen a los pacientes con la promesa de agilizar sus pruebas diagnósticas. Esa cesión se realizó sin consultar a los interesados. Otras comunidades repiten comportamientos similares: en el hospital Reina Sofía de Murcia una empresa de ortopedia intenta vender prótesis a los pacientes desde las habitaciones del centro antes de que estos tengan los resultados completos de las pruebas diagnósticas.
Le sucedió a Gloria, de 25 años. El pasado 24 de julio se le cayó un árbol encima en las Lagunas de Ruidera, un parque natural a caballo entre las provincias de Ciudad Real y Albacete. Sufrió fracturas en siete vértebras, en la pelvis y traumatismo craneoencefálico. Pasó en el hospital de Albacete cinco días en reanimación y cuando salió de peligro, una ambulancia la trasladó al hospital de enfrente de casa, el Reina Sofía de Murcia. Allí siguieron haciéndole pruebas. No había recibido el resultado de la última resonancia cuando en su habitación entró un empleado de una empresa de ortopedia “que se presentó como personal sanitario externo” para tomarle las medidas del corsé que los médicos iban a prescribirle.
“Nos dijo que al día siguiente debíamos pagar 450 euros al contado y que ya se encargaban ellos de tramitar la subvención ante el Sistema Nacional de Salud, que nos llegaría en cuatro o cinco meses”, cuenta el padre de Gloria, que enseguida presentó una reclamación en el servicio de Atención al Paciente. “Pregunté quién le había facilitado el historial médico a una empresa privada y una empleada del hospital me animó a que nos marchásemos sin el corsé para casa. Una doctora me dijo luego que había sido cosa suya, que había elegido a esa ortopedia porque es la que mejor hace los trabajos pese a no tener ningún contrato con el hospital. No nos quedó más remedio que aceptar, le hicieron el corsé y la empresa nos presentó un albarán, ni siquiera una factura. Nos aseguraron que en cinco meses nos llegaría un ingreso de Sanidad para cubrir el 80% de su coste”.
El caso, adelantado por el diario La Opinión, está ya en manos de la dirección del hospital Reina Sofía de Murcia, que asegura que lo investigará y responderá a la reclamación, y evidencia una práctica irregular que se repite: la confusión entre el servicio público y el negocio en algunos centros sanitarios de la red pública y la vulneración del derecho a la intimidad de los pacientes que ven cómo sus datos de salud, especialmente protegidos por ley, pasan a manos de desconocidos para que se lucren con ellos. Al menos tres comunidades autónomas tienen sobre la mesa reclamaciones de este tipo, según ha comprobado este diario.
Fuente: El Pais
